Varias organizaciones sociales están alertando acerca de los impactos que tendrá represar los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena, y piden posturas más firmes de la Comisión Regional del Medio Ambiente.

Los reclamos están aumentando en las últimas semanas. Ayer se llevó a cabo una movilización frente a las oficinas de ese ente estatal, y lo mismo hicieron la semana pasada unos 200 estudiantes que se concentraron frente al edificio de Endesa, que ha sido cuestionada prácticamente en todos los países donde se ha instalado.

La sede empresarial fue desalojada en horas de la tarde por "temor a la manifestación", según informaron los grupos convocantes a través de un comunicado.

Durante el acto, Martín Jacques, vocero estudiantil de la organización EcoUchile, llamó a profundizar las medidas de lucha para evitar una "masacre ecológica". Propuso trabajar por un modelo energético sustentable, que esté basado en las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética.

En la misma sintonía, Eduardo Giesen, vicepresidente de la organización Codeff, que integra la federación Amigos de la Tierra Internacional, responsabilizó por la situación a las autoridades políticas, que permiten que el proyecto siga su curso porque "tienen un compromiso mayor" con los intereses de grandes grupos económicos y multinacionales.

De acuerdo a datos de Codeff, Hidroaysén controla el 98 por ciento de los derechos de agua del río Baker en la región de Aysén, a partir de prebendas obtenidas a la salida de la dictadura militar, que se impuso en este país sudamericano entre 1973 y 1990.

Los opositores al megaproyecto hidroeléctrico estiman que la construcción de las represas inundaría unas 5910 hectáreas, en su mayoría territorios prístinos. Eso provocaría la pérdida de unos cuatro mil puestos de empleo, vinculados a la industria turística, la agricultura y la ganadería. www.ecoportal.net

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