Desde los inicios de su mandato, el presidente Evo Morales anunció que su gobierno apuesta por una Bolivia ecológica. Han pasado más de dos años y, aunque su gobierno ha promulgado leyes en ese sentido, la agroecología está lejos de ser una realidad en este país andino.

En junio del 2006 Morales presentó el Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, y en noviembre del mismo año promulgó la Ley de Regulación y Promoción de la Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica, con miras a convertir la producción ecológica en política de Estado.

Bolivia es un país privilegiado por la naturaleza. Su flora y fauna están entre las de mayor diversidad del planeta y el país cuenta con climas aptos para todo tipo de cultivos. Tiene, por lo tanto, grandes perspectivas de convertirse en un “país ecológico”. Ya existe, incluso, una importante producción naturalmente ecológica o, por lo menos, no química.

“En las regiones alejadas, los productores siembran especies criollas de papa y otros productos sin utilizar herbicidas, ya sea porque no son necesarios, porque no les resulta rentable o por el difícil acceso a los campos. Estos productos “naturales” llegan a los mercados sin certificación alguna y se mezclan con otros que han sido cultivados con herbicidas. El resultado es que los consumidores no llegan a saber de su condición ecológica”, dice Carmen Sotomayor, del departamento técnico de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), que agrupa a 65 redes de campesinos.

Más de dos años después de promulgada la ley ecológica, Sotomayor considera que todavía faltan acciones concretas.

“La ley es importante, pero en la práctica, el Estado todavía no brinda apoyo alguno a nuestro sector. No existen los recursos necesarios para implementar la ley. Y el Ministerio de Desarrollo Rural ha sufrido varios cambios de titular durante esta gestión. La ley crea un Consejo Estatal encargado de promover la producción ecológica, pero ese órgano no termina de consolidarse. Tenemos la impresión de que el gobierno es un poco reticente y todavía duda de las posibilidades de la agricultura ecológica”.

“El concepto ‘ecológico’ no significa solamente la ausencia de sustancias tóxicas en la producción. ‘Ecológico’ exige que toda la cadena productiva sea diseñada de manera que no dañe el medio ambiente y garantice la sostenibilidad”, señala Sotomayor.

Un problema serio que enfrentan los 60,000 pequeños productores agrupados en AOPEB consiste en la falta de investigación científica.

“La ciencia se dedica a desarrollar nuevas tecnologías para la agricultura convencional y deja a la agricultura ecológica de lado”, lamenta Carmen Sotomayor.

Agroecológicos para exportación

A pesar de ello, la agricultura ecológica boliviana crece, sobre todo gracias a las exportaciones. Cuatro productos lideran el sector: quinua, castaña, cacao y café.

“El 100% de los cultivos del principal exportador de quinua son ecológicos. El 90% del café que se vende al exterior es ecológico. Y últimamente ha crecido mucho la producción de castaña. Este incremento de la producción ecológica se debe principalmente a los mercados extranjeros, que son más estables y ofrecen mejores precios”, explica Sotomayor.

Resulta difícil vender productos ecológicos en el mercado interno debido a su elevado costo de producción. El proceso de certificación como “Producto ecológico” y, por lo menos al inicio, un rendimiento menor por no usar herbicidas, aumentan el precio al consumidor. Hay proyectos de arroz, trigo y hortalizas ecológicos dirigidos al mercado interno, pero todavía son incipientes y su cuota de mercado es reducida.

Según AOPEB, la agricultura ecológica va a seguir creciendo. Los campesinos que apuestan a la alternativa verde se benefician doblemente: evitan problemas de salud al manipular herbicidas y aumentan sus ingresos.

“Los campesinos que abracen los métodos ecológicos no se van a hacer ricos, pero van a vivir un poco mejor gracias a los precios más altos de sus productos”, según Sotomayor.

Amenaza transgénica

Aunque el gobierno de Morales desde un inicio se había mostrado opuesto a la introducción de semillas transgénicas, el texto constitucional consensuado entre el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional a fines de octubre, y que será sometido a referendo el 25 de enero, no los prohíbe.

La versión aprobada por la Asamblea Constituyente en el 2007 decía: “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”. Pero la versión que irá a referendo dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por la Ley”.

“Se cambió el texto para no crear conflictos con los grandes soyeros que actualmente cultivan soya transgénica. La versión anterior habría significado el fin de la soya trans en nuestro país”, explica Aldo Claure, jefe de la Unidad de Biodiversidad y Recursos Genéticos del Ministerio de Desarrollo Rural.

Si la nueva carta magna es aprobada, el Parlamento deberá redactar una Ley de Bioseguridad. Claure se niega a especular sobre qué cultivos serían prohibidos, pero “en mi opinión, no se debería permitir organismos trans de especies que ya existen en Bolivia. En cuanto a especies extranjeras, tendríamos que hacer una evaluación caso por caso”. Agrega que las autoridades no han recibido nuevas solicitudes de introducción de transgénicos desde hace tres o cuatro años.

Hasta la fecha el único organismo transgénico abiertamente permitido en Bolivia era la soya RR línea 40-3-2 de la empresa estadunidense Monsanto, cuyo cultivo fue aprobado por las autoridades en el 2005, bajo el gobierno del presidente Carlos Mesa (2003-2005), tras una solicitud de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

Bajo la misma gestión de Mesa fueron rechazados varios intentos de introducir algodón y maíz modificados. El maíz trans fue totalmente prohibido debido al riesgo de contaminación de las especies nativas. Al asumir Morales había quedado prácticamente cerrada la puerta a todo nuevo cultivo no convencional en los próximos años.

La soya RR de Monsanto —que es resistente al herbicida glifosato, que se usa para erradicar la maleza en los campos— ha tenido mucho éxito en la Argentina, pero no le ha ido tan bien en las tierras bolivianas.

La RR es cultivada principalmente por grandes y medianos productores en los llanos orientales. Muchos pequeños productores, en cambio, prefieren la soya convencional, explica Sorka Copa, bioquímica e investigadora del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).

“Bolivia tiene un convenio con Venezuela para la exportación de soya a ese país. Pero el convenio da prioridad a pequeños productores y exige soya no transgénica. Nuestra organización, FOBOMADE, ayuda a los productores a detectar semillas transgénicas para evitarlas en sus cultivos”.

Hace algunos años, varios campesinos descubrieron que las semillas “mejoradas” que les había proporcionado ANAPO en realidad eran transgénicas, relata Copa.

Además de contrariar el convenio con Venezuela, la soya transgénica tiene otras desventajas. La principal es que no rinde tan bien como las soyas criollas debido a factores climatológicos y de suelo. Y la presencia de soya genéticamente modificada en el país perjudica a los productores que no la cultivan. Actualmente se ven obligados a certificar que su producto no es transgénico, lo que implica un gasto adicional.

La RR es el único transgénico legal en Bolivia, pero el Ministerio de Desarrollo Rural sospecha “fuertemente” que se cultiva maíz transgénico sin autorización, según Claure. “Los mismos productores dicen que hay maíz modificado ‘porque el gobierno lo rechazó’ e impidió su cultivo legal. No hay respeto por las normas y además faltan mecanismos de control por parte del Estado”, lamenta. www.ecoportal.net

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